Mentiras y verdad del Partido Popular

El Partido Popular, constitucionalistas por excelencia según se dicen una y otra vez - contra las instituciones del País Vasco y de Cataluña, esto es -, ha dado la penúltima vuelta de tuerca en su estructural y sistemática negación de los principios de la Constitución española de 1978 - y podría defenderse que de cualquier constitución posible. 

Ese partido que defiende y promueve activamente la entrega de todo y de todos a la dinámica del puro interés privado y particular y de la lógica empresarial, no porque piensen que eso conduce a una realización más eficaz de esos derechos y libertades - su desfachatez sin duda alcanza esos extremos, pero seguramente no las tragaderas ni de sus votantes más cerriles - como por principios. Principios que, eso sí, son luego generosamente recompensados en B por esas mismas empresas cuando sus miembros siguen en la política y que les contratan como altos directivos en cuanto la abandonan. Ese partido que sólo habla del Estado de Derecho - y no del Estado social y democrático de Derecho, como lo define la propia Constitución en su primer artículo - en referencia a la actuación de los Jueces y Tribunales instada por su Fiscalía, ha dado aún otro paso en la desintegración del pacto constituyente.

En primer lugar, y respecto a la constitucionalidad de sus supuestos principios liberales - que ya sabemos todos que consisten realmente en utilizar las administraciones que controlan para enriquecerse ellos y sus amigos y familiares - baste citar dos artículos muy relevantes de la Constitución que dicen defender: 

Artículo 9.2: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Artículo 53.3: El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Nótese, por cierto, que la Constitución del 78 no impide que los famosos Principios rectores de la política social y económica sean defendidos por los Tribunales, sino que se remite al legislador para que determine el grado y los términos (y los efectos) en que puedan serlo.

Pero esa negación ideológica, discursiva, con carácter general y sistemático de la Constitución y del constitucionalismo - que no sólo prohíbe sino que, al mismo tiempo y por lo mismo, insta a hacer a los poderes públicos - apenas puede ya ocultar su verdadero impulso y finalidad: el Partido Popular, que es en la cabeza de todos los españoles el partido-de-la-corrupción - obviamente estructural, no sólo por su extensión, que admiten sin remedio incluso sus votantes más recalcitrantes, sino por sus maniobras legislativas y ejecutivas para proteger a sus corruptos - necesita la resignación de esos mismos españoles para poder seguir existiendo. Necesita que nadie pueda ver, y ni siquiera imaginar, otras posibilidades - ninguna posibilidad - y desde luego que nadie pueda demostrar que hay alternativas (en plural). Y es en perfecta coherencia con esta necesidad como hay que entender la intervención del Ayuntamiento de Madrid por el Gobierno de M. Rajoy, ayuntamiento que ha reducido muy notablemente su deuda con la Administración Carmena, y que ha logrado incluso superávit presupuestario, a diferencia de las Administraciones del propio Partido Popular. Y hay que ver esta intervención del ámbito municipal en perfecta armonía con las demás anti-medidas de este Gobierno, como la denuncia sistemática ante el Tribunal Constitucional de leyes de marcado carácter social aprobadas en distintas Comunidades Autónomas, no sólo Cataluña, con base en argumentos competenciales - pero no porque desde el Gobierno central, que tendría la competencia, vayan a hacerlo mejor, sino para que nadie pueda hacer nada - o el bloqueo sistemático de la iniciativa legislativa parlamentaria. El perro del hortelano.

Y es que la negación del constitucionalismo y de la Constitución de 1978 por parte del Partido Popular es tan estructural como su corrupción y tan sistemática como repetida y mentirosa su autoproclamada condición de constitucionalistas. 

Y es así necesariamente, porque una constitución viva y efectivamente vigente, también la del 78, hace tiempo que habría puesto en aprietos mucho mayores al Partido del actual Gobierno. Porque la principal amenaza para el partido-de-la-corrupción siempre ha sido, pero muy especialmente en los últimos tiempos, ese pluralismo político que la que dicen que es su constitución proclama desde su primer artículo como valor superior de todo el sistema (junto a la libertad, la justicia y la igualdad). Pluralismo que consiste fundamentalmente en la dinámica parlamentaria que bloquean, en la dialéctica Congreso-Gobierno que burlan e ignoran una y otra y otra vez, y en la autonomía política de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos que intervienen, y a la que la Constitución - no desde luego la suya - dedica una parte significativa de su articulado (en concreto, todo un Título).

La supervivencia del Partido Popular depende de la de la ilusión que ya detectara la famosa viñeta: "O nosotros o el caos, que también somos nosotros". Sea por la amenaza de los mercados - que han venido a sustituir cronológicamente a ETA en esta función - o por el bien de la unidad de España - y hasta hace bien poco también en nombre de Dios, si bien en los últimos años, aborto de la reforma de la ley del aborto y Papa Francisco mediantes, el vínculo privilegiado del PP con esta tercera trascendencia ha quedado reducido al que mantienen con la monarquía, menos ultraterrena que la Iglesia católica, como todo el mundo ha aprendido de la publicación sin tapujos de los escarceos y cacerías de nuestro anterior rey - el Partido Popular es todo lo que puede haber. Lo único que puede haber. Y así como su anterior legislatura fue la de la Ley Mordaza - en plasmación de una lectura más que cuestionable de los artículos 103 y 104 - y la del 135 - reformado exprés al nivel del propio texto constitucional y desarrollado en la ley a cuyo amparo intervienen ahora el Ayuntamiento de Madrid - ésta será la del abuso del 134 - para el bloqueo sistemático de la actividad del Congreso - y del estreno del 155.

Es obvio que todas estas anti-medidas tienen por objeto, toda vez que no han conseguido seguir ocultando su verdadera naturaleza corrupta e incompetente - incompetencia de nuestra élite especialmente flagrante  si se compara con la preparación de toda la generación de nuestros jóvenes que ha sido relegada al desempleo y la precariedad sobrecualificadas y al exilio económico, o con la diversidad de propuestas de respuesta a la crisis económica que se nos ofrecieron desde multitud de ámbitos e instancias de la sociedad civil distintas del austericidio gris y los recortes, manifiestamente, insultántemente, ineficaces por los optaron - silenciar toda oposición, ya no sólo por lo que se refiere a la de los ciudadanos que se manifiestan en la calle o se expresan en las redes sociales, o la de los trabajadores que ejercen su específico (y constitucionalmente consagrado) derecho a la huelga, ni a su degradación miserable de la Radio y la Televisión públicas estatales, y ni siquiera a la que debería poder manifestarse desde el Parlamento que nos representa a todos los españoles, sino incluso la de las instituciones cuya autonomía política es una garantía democrática (y constitucional) al mismo nivel que la separación de poderes. 

Que nadie pueda gritar que el emperador lleva años paseándose desnudo por nuestras calles. Que nadie pueda señalarle al pasar. Y desde luego, que nadie pueda demostrarlo.

Que no quede nada ni nadie en pie, salvo ellos, salvo él.

Tres precisiones conceptuales en relación a la "cuestión catalana" y dos consideraciones políticas

Las precisiones:

1. Sobre las naciones

Para entender las implicaciones jurídicas de la nacionalidad, puede resultar útil acudir a la Constitución española, y fijarse en la estructura del Título primero, que es el de los Derechos y deberes fundamentales. Debe notarse cómo, tras el reconocimiento con carácter universal de la dignidad de la persona y la referencia a la doctrina de los Derechos humanos, en el artículo 10, y antes de la Carta de derechos fundamentales y libertades públicas (y de los derechos y deberes de los ciudadanos y de los principios rectores de la política social y económica), se inserta el Capítulo Primero de ese Título, De los españoles y extranjeros, donde se introduce la noción de nacionalidad española, de tal manera que el artículo 14, ya en el Capítulo II (Derechos y libertades), puede tener la siguiente redacción: << Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social>>.

Es decir, y obviamente, que el Estado español no admite ninguna discriminación en la relación de nadie con las leyes... salvo la de la nacionalidad, es decir, la del lugar geográfico de nacimiento.

No es ahora el momento de considerar en detalle la complicada relación entre las nociones de (dignidad inherente a) la persona, Estado y Nación. Baste señalar que el Estado implica la obligación individual de contribuir, militarmente en su momento y destacadamente por la vía fiscal - distribución y redistribución de renta y riqueza - en la actualidad, a la protección y defensa (y cuidado) de individuos con los que sólo se tiene, en principio, una relación imaginaria. Imaginaria por oposición a la biológica-familiar, e incluso a la que se tiene con personas no relacionadas por parentesco pero con las que se realizan transacciones de todo orden de manera cotidiana y habitual. En principio porque esa imaginación permite que cada uno, a su vez, se sepa y sea efectivamente protegido y defendido (y cuidado) por otras personas que tampoco tienen con él más relación que ésa, haciendo que la vinculación meramente imaginaria, la Nación, adquiera un contenido material real, el Estado. 

Es decir, el artificio nacional sirve (sirvió) para desbordar las agrupaciones naturales familiar y tribal y permitir la organización de miles y millones de personas, extendidas sobre amplios territorios y con toda clase de particularidades culturales y hasta lingüísticas diferenciales, empujando la frontera un poco más allá, permitiendo así el paso de la familia-tribu a los modernos Estados-Nación. Es por tanto un acto de integración y, al mismo tiempo, de discriminación.

2. Sobre legitimidad y legalidad

Antes de la legalidad, tiene que haber legitimidad, o a la base de la legalidad tiene que estar la legitimidad, o la legalidad navega necesariamente sobre el mar de la legitimidad. La relación entre estos dos conceptos es aún más compleja que la que existe entre los de Nación y Estado, hasta el punto de que el conflicto teórico se resolvió inicialmente mediante la operación de trasladarlo al plano político y traducirlo, precisamente, en términos de Nación y Estado (en la línea de lo apuntado más arriba).

Baste aquí señalar que un texto constitucional, por muy adecuado formalmente que resulte ser (en el sentido de que quepa construir a partir de él todo un ordenamiento jurídico conforme a los principios generales del Derecho y con un carácter social y democrático), por muy afortunada que sea su redacción, por mucha prosperidad que se prevea que traiga, e incluso si efectivamente lo hace, sólo es legítimo, y pasa entonces a constituir, por tanto, efectivamente, legalidad, y a ser, en rigor, Constitución, después de ser ratificado en referéndum.

Sin entrar aquí como digo en el fondo del asunto, sí plantearemos la siguiente hipótesis: si la legalidad se construye adecuadamente, si la constitución del Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art 1.1 CE), que deben ser materiales y efectivos (art. 9.2 CE), y no meramente formales y negativos, tiene éxito, entonces cabe situar, en adelante, la fuente de la legitimidad en la legalidad, siendo plenamente legítimo todo acto jurídico (leyes aprobadas por Asambleas legislativas, reglamentos elaborados por los Gobiernos, autos y sentencias de Jueces y Tribunales, actos de las Administraciones) que se realice en el marco institucional y conforme a las pautas procedimentales definitorias del Estado social y democrático de Derecho (sin ser casualidad que la Constitución española cierre precisamente con el Título dedicado a la posibilidad de su reforma, parcial o total).

3. Sobre la soberanía popular

En efecto, el artículo 1.2 CE dice: <<La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado>>, declaración que parece prestarse a dos interpretaciones diferentes (que no son idénticamente válidas si se atiende al resto del texto constitucional y si se reflexiona mínimamente sobre ello). La primera lectura posible pone todo el énfasis en pueblo, y entiende que español remite sencillamente al mecanismo psicológico e histórico aludido antes, mediante el que se constituyeron de hecho los Estados-Nación que conocemos, incluso antes de ser sociales y democráticos. Es decir, la cláusula de la españolidad no remite al conjunto abstracto de todos los españoles frente a reivindicaciones de subgrupos concretos de españoles, sino que se refiere a los ciudadanos españoles frente a las personas con otras nacionalidades (que si bien tienen derechos y libertades que también deben ser respetados y atendidos por el Estado español, no pueden darle órdenes propiamente, como sí pueden hacerlo los españoles, como consecuencia de la fundamentación nacional de los Estados que conocemos).

La segunda lectura entiende en cambio pueblo-español, en el sentido de la <<Nación española>> más abstracta, que no comparece nunca y de ninguna manera y que invocan  precisamente sólo como justificación de su desatención y menosprecio a cualquiera de las manifestaciones (concretas) del principio de <<soberanía popular>>.

Y es que soberanía debe entenderse en el sentido de "quién manda" o "de dónde emanan las órdenes legítimas para el aparato del Estado", en el marco de los derechos, libertades y objetivos recogidos por la Constitución, es decir, en relación al pluralismo político (y no a los fundamentos y la razón de ser mismos del Estado, que se ordenan en la propia Constitución). Y la cuestión del quién va indisolublemente unida a la del cómo: partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de consumidores y usuarios y en defensa de cualesquiera otros intereses, también de profesionales como juristas, medios de comunicación, iniciativas legislativas populares, manifestaciones, huelgas generales y sectoriales, interpelaciones y preguntas de diputados al Gobierno, mociones de censura, exitosas y fallidas, PNLs, reprobaciones, mociones de cualesquiera asambleas legislativas territoriales, los trámites de audiencia de los ciudadanos en los procedimientos administrativos y en la elaboración de reglamentos, etc. Al margen de todas estas manifestaciones, es decir, sin atender a la voluntad y las opiniones y demandas de los ciudadanos concretos, en solitario o agrupados, expresadas directamente o a través de representantes (que no son sólo, desde luego, parlamentarios, y menos, exclusivamente, de las Cortes Generales), la soberanía popular queda degradada - de manera evidentemente interesada - por parte de nuestra casta dirigente a una mera entelequia; no ya a mayoría silenciosa sino, simplemente, a silencio, permitiendo a esos dirigentes que la invocan limitarse a flotar a la deriva en un mar de corrupción, mentiras y absoluta incapacidad política e ineficacia gestora, en todos los ámbitos y sectores.

Las consideraciones

1. Que la reivindicación nacionalista catalana no haya ido conectada de una forma más clara y persistente - sustancial - con la social y con la exigencia de regeneración democrática, o que no se haya concretado de manera unívoca y explícita en esos términos, ha dificultado su compresión y apoyo fuera de Cataluña (y quizá también, en menor medida, en algunos sectores de la propia sociedad catalana). Que haya sido así es consecuencia inevitable de que una de las patas del procés haya sido un partido con niveles de corrupción y patrimonialización de las instituciones catalanas sólo comparable con la del PP en el resto de España.

2. La podredumbre del PP y su discurso y actitud neoliberal (y asimismo de buena parte de los dinosaurios del socialismo español), que constituyen una traición más grave a la Constitución Española que la intensificación del nacionalismo catalán, e incluso que el independentismo, nos ha descubierto a todos, como se ha puesto (peligrosamente) de manifiesto con la crisis catalana, culminando el 1-O y los días inmediatamente anteriores y posteriores que, en última instancia, las leyes son sólo papeles. La eficacia última de las leyes depende exclusivamente de la confianza recíproca: del hecho de que especifican lo que a cada uno le cabe esperar de los demás y, a la vez, lo que a los demás les cabe esperar de uno. Cuando individuos concretos violan el compromiso general con la ley, la cadena de la reciprocidad no se rompe, es posible la represión aislada y excepcional de esos individuos y la restitución de la confianza. Pero cuando la violación es tan manifiestamente estructural como lo ha sido en el caso de la casta dirigente del PP y de buena parte del PSOE, y no sólo por las prevaricaciones, malversaciones, tráficos de influencia, cohechos y demás delitos, y por los nombramientos e instrucciones espurios incluso en órganos de rango constitucional, como el Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal General del Estado, sino también por su discurso (y medidas) neoliberales, muy dudosamente constitucionales, la magia de la ley se debilita (y puede incluso llegar a desaparecer), y si bien es difícil demostrar o cuantificar el efecto de esa traición estructual en todo el sistema jurídico de confianzas recíprocas, parece evidente que ha jugado un papel importante en la disposición de miles y miles de ciudadanos catalanes (secundados por funcionarios y cargos públicos) de romper con la legalidad vigente.