martes, 7 de noviembre de 2017

Mentiras y verdad del Partido Popular

El Partido Popular, constitucionalistas por excelencia según se dicen una y otra vez - contra las instituciones del País Vasco y de Cataluña, esto es -, ha dado la penúltima vuelta de tuerca en su estructural y sistemática negación de los principios de la Constitución española de 1978 - y podría defenderse que de cualquier constitución posible

Ese partido que defiende y promueve activamente la entrega de todo y de todos a la dinámica del puro interés privado y particular y de la lógica empresarial, no porque piensen que eso conduce a una realización más eficaz de esos derechos y libertades - su desfachatez sin duda alcanza esos extremos, pero seguramente no las tragaderas ni de sus votantes más cerriles - como por principios. Principios que, eso sí, son luego generosamente recompensados en B por esas mismas empresas cuando sus miembros siguen en la política y que les contratan como altos directivos en cuanto la abandonan. Ese partido que sólo habla del Estado de Derecho - y no del Estado social y democrático de Derecho, como lo define la propia Constitución en su primer artículo - en referencia a la actuación de los Jueces y Tribunales instada por su Fiscalía, ha dado aún otro paso en la desintegración del pacto constituyente.

En primer lugar, y respecto a la constitucionalidad de sus supuestos principios liberales - que ya sabemos todos que consisten realmente en utilizar las administraciones que controlan para enriquecerse ellos y sus amigos y familiares - baste citar dos artículos muy relevantes de la Constitución que dicen defender: 

Artículo 9.2: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Artículo 53.3: El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Nótese, por cierto, que la Constitución del 78 no impide que los famosos Principios rectores de la política social y económica sean defendidos por los Tribunales, sino que se remite al legislador para que determine el grado y los términos (y los efectos) en que puedan serlo.

Pero esa negación ideológica, discursiva, con carácter general y sistemático de la Constitución y del constitucionalismo - que no sólo prohíbe sino que, al mismo tiempo y por lo mismo, insta a hacer a los poderes públicos - apenas puede ya ocultar su verdadero impulso y finalidad: el Partido Popular, que es en la cabeza de todos los españoles el partido-de-la-corrupción - obviamente estructural, no sólo por su extensión, que admiten sin remedio incluso sus votantes más recalcitrantes, sino por sus maniobras legislativas y ejecutivas para proteger a sus corruptos - necesita la resignación de esos mismos españoles para poder seguir existiendo. Necesita que nadie pueda ver, y ni siquiera imaginar, otras posibilidades - ninguna posibilidad - y desde luego que nadie pueda demostrar que hay alternativas (en plural). Y es en perfecta coherencia con esta necesidad como hay que entender la intervención del Ayuntamiento de Madrid por el Gobierno de M. Rajoy, ayuntamiento que ha reducido muy notablemente su deuda con la Administración Carmena, y que ha logrado incluso superávit presupuestario, a diferencia de las Administraciones del propio Partido Popular. Y hay que ver esta intervención del ámbito municipal en perfecta armonía con las demás anti-medidas de este Gobierno, como la denuncia sistemática ante el Tribunal Constitucional de leyes de marcado carácter social aprobadas en distintas Comunidades Autónomas, no sólo Cataluña, con base en argumentos competenciales - pero no porque desde el Gobierno central, que tendría la competencia, vayan a hacerlo mejor, sino para que nadie pueda hacer nada - o el bloqueo sistemático de la iniciativa legislativa parlamentaria. El perro del hortelano.

Y es que la negación del constitucionalismo y de la Constitución de 1978 por parte del Partido Popular es tan estructural como su corrupción y tan sistemática como repetida y mentirosa su autoproclamada condición de constitucionalistas. 

Y es así necesariamente, porque una constitución viva y efectivamente vigente, también la del 78, hace tiempo que habría puesto en aprietos mucho mayores al Partido del actual Gobierno. Porque la principal amenaza para el partido-de-la-corrupción siempre ha sido, pero muy especialmente en los últimos tiempos, ese pluralismo político que la que dicen que es su constitución proclama desde su primer artículo como valor superior de todo el sistema (junto a la libertad, la justicia y la igualdad). Pluralismo que consiste fundamentalmente en la dinámica parlamentaria que bloquean, en la dialéctica Congreso-Gobierno que burlan e ignoran una y otra y otra vez, y en la autonomía política de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos que intervienen, y a la que la Constitución - no desde luego la suya - dedica una parte significativa de su articulado (en concreto, todo un Título).

La supervivencia del Partido Popular depende de la de la ilusión que ya detectara la famosa viñeta: "O nosotros o el caos, que también somos nosotros". Sea por la amenaza de los mercados - que han venido a sustituir cronológicamente a ETA en esta función - o por el bien de la unidad de España - y hasta hace bien poco también en nombre de Dios, si bien en los últimos años, aborto de la reforma de la ley del aborto y Papa Francisco mediantes, el vínculo privilegiado del PP con esta tercera trascendencia ha quedado reducido al que mantienen con la monarquía, menos ultraterrena que la Iglesia católica, como todo el mundo ha aprendido de la publicación sin tapujos de los escarceos y cacerías de nuestro anterior rey - el Partido Popular es todo lo que puede haber. Lo único que puede haber. Y así como su anterior legislatura fue la de la Ley Mordaza - en plasmación de una lectura más que cuestionable de los artículos 103 y 104 - y la del 135 - reformado exprés al nivel del propio texto constitucional y desarrollado en la ley a cuyo amparo intervienen ahora el Ayuntamiento de Madrid - ésta será la del abuso del 134 - para el bloqueo sistemático de la actividad del Congreso - y del estreno del 155.

Es obvio que todas estas anti-medidas tienen por objeto, toda vez que no han conseguido seguir ocultando su verdadera naturaleza corrupta e incompetente - incompetencia de nuestra élite especialmente flagrante  si se compara con la preparación de toda la generación de nuestros jóvenes que ha sido relegada al desempleo y la precariedad sobrecualificadas y al exilio económico, o con la diversidad de propuestas de respuesta a la crisis económica que se nos ofrecieron desde multitud de ámbitos e instancias de la sociedad civil distintas del austericidio gris y los recortes, manifiestamente, insultántemente, ineficaces por los optaron - silenciar toda oposición, ya no sólo por lo que se refiere a la de los ciudadanos que se manifiestan en la calle o se expresan en las redes sociales, o la de los trabajadores que ejercen su específico (y constitucionalmente consagrado) derecho a la huelga, ni a su degradación miserable de la Radio y la Televisión públicas estatales, y ni siquiera a la que debería poder manifestarse desde el Parlamento que nos representa a todos los españoles, sino incluso la de las instituciones cuya autonomía política es una garantía democrática (y constitucional) al mismo nivel que la separación de poderes

Que nadie pueda gritar que el emperador lleva años paseándose desnudo por nuestras calles. Que nadie pueda señalarle al pasar. Y desde luego, que nadie pueda demostrarlo.

Que no quede nada ni nadie en pie, salvo ellos, salvo él.



No hay comentarios:

Publicar un comentario