El
Partido Popular, constitucionalistas por excelencia
según se dicen una y otra vez - contra las instituciones del País
Vasco y de Cataluña, esto es -, ha dado la penúltima vuelta de
tuerca en su estructural y sistemática negación de
los principios de la Constitución española de 1978 - y podría
defenderse que de cualquier constitución posible.
Ese
partido que defiende y promueve activamente la entrega de todo y de
todos a la dinámica del puro interés privado y particular y de la
lógica empresarial, no porque piensen que eso conduce a una
realización más eficaz de esos derechos y libertades - su
desfachatez sin duda alcanza esos extremos, pero seguramente no las
tragaderas ni de sus votantes más cerriles - como por principios.
Principios que, eso sí, son luego generosamente recompensados en B
por esas mismas empresas cuando sus miembros siguen en la política y
que les contratan como altos directivos en cuanto la abandonan. Ese
partido que sólo habla del Estado de Derecho - y no del
Estado social
y democrático de
Derecho, como lo define la propia Constitución en su primer artículo
- en referencia a la actuación de los Jueces y Tribunales instada
por su Fiscalía, ha
dado aún otro paso en la desintegración del pacto
constituyente.
En
primer lugar, y respecto a la constitucionalidad de sus supuestos
principios liberales - que ya sabemos todos que
consisten realmente en utilizar las administraciones
que controlan para enriquecerse ellos y sus amigos y familiares -
baste citar dos artículos muy relevantes de la Constitución que
dicen defender:
Artículo
9.2: Corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social.
Artículo
53.3: El reconocimiento, el respeto y la protección de los
principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la
legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los
poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción
ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los
desarrollen.
Nótese,
por cierto, que la Constitución del 78 no impide que los famosos
Principios rectores de la política social y económica sean
defendidos por los Tribunales, sino que se remite al legislador para
que determine el grado y los términos (y los efectos) en que puedan
serlo.
Pero
esa negación ideológica, discursiva, con carácter general y
sistemático de la Constitución y del constitucionalismo - que no
sólo prohíbe sino que, al
mismo tiempo y por lo mismo,
insta a hacer a los poderes públicos - apenas puede ya ocultar su
verdadero impulso y finalidad: el Partido Popular, que es en la
cabeza de todos los españoles el partido-de-la-corrupción
- obviamente estructural,
no sólo por su extensión, que admiten sin remedio incluso sus
votantes más recalcitrantes, sino por sus
maniobras legislativas y ejecutivas para
proteger a sus corruptos - necesita la resignación de
esos mismos españoles para poder seguir existiendo. Necesita que
nadie pueda ver, y ni siquiera imaginar,
otras posibilidades - ninguna posibilidad
- y desde luego que nadie pueda demostrar que
hay alternativas (en plural). Y es en perfecta coherencia con esta
necesidad como hay que entender la intervención del Ayuntamiento de
Madrid por el Gobierno de M.
Rajoy,
ayuntamiento que ha reducido muy notablemente su
deuda con la Administración Carmena, y que ha logrado incluso
superávit presupuestario, a diferencia de las Administraciones del
propio Partido Popular. Y hay que ver esta intervención del ámbito
municipal en perfecta armonía con las demás anti-medidas de
este Gobierno, como la denuncia sistemática ante
el Tribunal Constitucional de leyes de
marcado carácter social aprobadas en distintas Comunidades
Autónomas, no sólo Cataluña, con base en argumentos competenciales
- pero no porque desde el Gobierno central, que tendría la
competencia, vayan a hacerlo mejor, sino para que nadie pueda hacer
nada - o el bloqueo sistemático de
la iniciativa legislativa parlamentaria. El perro del hortelano.
Y
es que la negación del constitucionalismo y de la Constitución de
1978 por parte del Partido Popular es tan estructural como su
corrupción y tan sistemática como repetida y mentirosa su
autoproclamada condición de constitucionalistas.
Y
es así necesariamente, porque
una constitución viva y efectivamente vigente,
también la del 78, hace tiempo que habría puesto en aprietos mucho
mayores al Partido del actual Gobierno. Porque la principal
amenaza para el partido-de-la-corrupción siempre ha sido, pero muy
especialmente en los últimos tiempos, ese pluralismo
político que
la que dicen que es su constitución proclama desde su primer
artículo como valor superior de todo el sistema (junto a la
libertad, la justicia y la igualdad). Pluralismo que
consiste fundamentalmente en
la dinámica parlamentaria que bloquean,
en la dialéctica Congreso-Gobierno que burlan e
ignoran una y otra y otra vez, y
en la autonomía política de las Comunidades Autónomas y los
Ayuntamientos que intervienen,
y a la que la Constitución - no desde luego la suya -
dedica una parte significativa de su articulado (en concreto, todo un
Título).
La
supervivencia del Partido Popular depende de la de la ilusión que
ya detectara la famosa viñeta: "O nosotros o el caos, que
también somos nosotros". Sea por la amenaza de los mercados -
que han venido a sustituir cronológicamente a ETA en esta función
- o por el bien de la unidad de España -
y hasta hace bien poco también en nombre de Dios, si
bien en los últimos años, aborto de la reforma de la ley del aborto
y Papa Francisco mediantes, el vínculo privilegiado del PP con esta
tercera trascendencia ha quedado reducido al que
mantienen con la monarquía, menos ultraterrena que la
Iglesia católica, como todo el mundo ha aprendido de la publicación
sin tapujos de los escarceos y cacerías de nuestro anterior rey - el
Partido Popular es todo lo que puede haber.
Lo único que puede haber. Y así
como su anterior legislatura fue la de la Ley Mordaza - en plasmación
de una lectura más que cuestionable de los artículos 103 y 104 - y
la del 135 - reformado exprés al nivel del propio texto
constitucional y desarrollado en la ley a cuyo amparo intervienen
ahora el Ayuntamiento de Madrid - ésta será la del abuso del 134 -
para el bloqueo sistemático de la actividad del Congreso - y del
estreno del 155.
Es
obvio que todas estas anti-medidas tienen por objeto, toda vez que no
han conseguido seguir ocultando su verdadera naturaleza
corrupta e incompetente - incompetencia de
nuestra élite especialmente
flagrante si se compara con la preparación de toda la
generación de nuestros jóvenes que ha sido relegada al desempleo y
la precariedad sobrecualificadas y al exilio económico, o con la
diversidad de propuestas de respuesta a la crisis económica que
se nos ofrecieron desde multitud de ámbitos e instancias de la
sociedad civil distintas del austericidio gris y los recortes,
manifiestamente, insultántemente, ineficaces por los optaron
- silenciar toda
oposición, ya no sólo por lo que se refiere a la de los ciudadanos
que se manifiestan en la calle o se expresan en las redes sociales, o
la de los trabajadores que ejercen su específico (y
constitucionalmente consagrado) derecho a la huelga,
ni a su degradación miserable de la Radio y la Televisión
públicas estatales, y ni siquiera a la que debería poder
manifestarse desde el Parlamento que nos representa a todos los
españoles, sino incluso la de las instituciones cuya autonomía
política es una garantía democrática (y constitucional) al mismo
nivel que la separación
de poderes.
Que nadie pueda
gritar que el emperador lleva años paseándose desnudo por nuestras
calles. Que nadie pueda señalarle al pasar. Y desde luego, que nadie
pueda demostrarlo.
Que
no quede nada ni nadie en pie, salvo ellos, salvo él.
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